Coacciones.
El delito de coacciones resulta cuando una persona, sin estar legítimamente
autorizada para ello, usa la violencia para impedir que otra haga algo que no
está prohibido por la ley, o bien para forzarla a hacer algo que no quiere.
Será necesario evaluar la intensidad de la violencia aplicada para determinar si
se trata de un delito o de una falta.
Deberá tratarse de un acto que sea considerado social y jurídicamente ilícito.
Destaquemos unos hechos delictivos reales de esta índole:
La Fiscalía de Málaga imputó a un hombre un supuesto delito contra la
intimidad, otro de corrupción de menores y un tercero de coacciones, siendo
éste último referente a los apartados anteriormente comentados.
Los hechos producidos sucedieron cuando esta persona introdujo un virus
encriptado en el ordenador de una niña con la finalidad de grabarla en
momentos íntimos. Para ello empleó el virus troyano “bifrost” mediante la
aplicación “Messenger” una vez estableció contacto con la niña a través de un
“Chat”. Una vez obtenidos estos datos por la cámara web de la menor, el
acusado amenazaba a la menor con mostrar las fotos a sus amigos si no se
desnudaba para él.
La pena aplicable será la de “[…] prisión de seis meses a tres años o con multa
de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los
medios empleados”.
Si lo que se impide por medio de la coacción es “[…] el ejercicio de un derecho
fundamental se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho
tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código”.
La fuente referente a los textos citados anteriormente es el artículo 172 De las
coacciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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